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Antes de empezar a leer,
sépase que esto lo escribió un lego
en constitucionalismo hondureño
-entre otras cosas-,
y sólo dio un breve repaso a la Constitución de ese país,
para escribir este artículo.
En estos días rueda la noticia de la destitución del presidente hondureño, Manuel Zelaya, por el ejército y el Congreso de aquel país centroamericano; sin embargo, voces a favor y en contra se dejan escuchar y no queda muy clara la situación o el porqué de esta acción militar, sobre todo cuando algunas personas afirman que fue un acto legal e institucional, de acuerdo con la Constitución de la República de Honduras. La verdad, se trata, efectivamente, de un golpe de Estado, ilegal y fuera de la norma constituyente hondureña, aunque no es tan fácil desentrañar quién es más punible… vemos porqué:
Quienes hablan a favor del golpe se resguardan en el Artículo 3° de la Constitución que señala: "Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional". Con base en esto, se ampara la intrusión militar, toda vez que Zelaya no es ningún usurpador (como sí lo sería Roberto Micheletti y entonces el pueblo puede deponerlo por la vía que sea) sino el presidente electo constitucionalmente y cuyo periodo acabaría este año.
Pero la Constitución es clara, en su Artículo Segundo: "La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación"; es decir, sólo el pueblo organizado puede "recurrir a la insurrección", pues el ejercito es parte del Estado, y no se vio al pueblo sublevado contra su presidente, cosa que hubiera dado "legalidad" a la destitución.
La inconformidad de los sectores golpistas viene de la intención de modificar la Carta Magna, que en su Artículo 4° señala que "La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria", con la intención de reelegirse; pero dicha modificación debía pasar por referendum (es decir, que el pueblo decidiera) y por los protocolos correspondientes. No iba a ser imposición, por lo cual no se violentaba, del todo, la Constitución, además que el gobierno zelayista intentó involucrar a los opositores en el proceso y estos se abstuvieron, quizá para argumentar la unipolaridad del mismo, quizá porque, efectivamente, el intento de modificación se contrapone a la ley.
En este rubro, los militares sí cayeron en desacato a la Constitución, al impedir el sufragio en la consulta prevista por Zelaya, pues el Artículo 42, en su inciso 4, declara como delito grave y motivo para perder la ciudadanía, es decir todo derecho ciudadano: "Por coartar la libertad de sufragio, adulterar documentos electorales o emplear medios fraudulentos para burlar la voluntad popular". El ejército, al impedir la consulta, empleó medios contrarios a la libre manifestación de la voluntad popular, que se volcaría en las urnas.
Otro argumento es que Zelaya buscaba la reelección. Cierto, el presidente también incurrió en desacato al inciso 5 de dicho artículo, que señala como motivo para perder la ciudadanía "incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República"; pero la Constitución establece los mecanismos democráticos para cada caso.
Puede argumentarse que Zelaya violó el Art. 239, que cita: "El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública"; pero el ejército no tiene facultades para ser quien lo destituya, pues, según el Art. 272, las fuerzas armadas son "una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República", es decir, pueden impedir la reeleción, no truncar un mandato -habría que ver quien sí puede-.
El Artículo 45 también habla de la ilegalidad del movimiento, pues "se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país", que al final fue lo que hicieron los militares. Además, el toque de queda impuesto por el gobierno usurpador viola el Artículo 81 que dice: " Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional", dicho artículo no señala exepciones ni estados de emergencia, como lo hacen algunas leyes en otros países, por lo tanto el toque de queda es anticonstitucional. Sumemos el Art. 323 que señala que "Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito", es decir, los militares deben, por ley, negarse a dicho toque de queda.
Además, en caso de que Zelaya haya sido destituido por violaciones graves a la Ley, la Constitución señala, en el Art. 94, que "a nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de Juez o autoridad competente"; cosa que por supuesto no ocurrió, y si fue el caso, Zelaya debería estar preso y no debieron expulsarlo del país, mucho menos cuando el Art. 102 señala: "Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero".
Al final de la Constitución hondureña queda claro que el intento de reforma de Zelaya es ilegal, sí, pero las formas democráticas no se siguieron para impedir dicha intentona y la Constitución como tal es ambigua respecto a qué procede en casos como este. Los últiomos artículos señalan que: "No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente" (Art. 374), y que "esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza" (Art. 375), es decir, a la hora de declarar culpables, también habría que llevar ante tribunales a los usurpadores, es decir, al Congreso Nacional hondureño y a los miembros del ejército que hayan participado en todo este lamentable proceso.
Se trató, en resumen, de un gran golpe que vulneró el estado de derecho, la constitucionalidad, la vida política y la tranquilidad civil. Por pretenciones reeleccionistas ilegales de Manuel Zelaya (lo son y hay que admitirlo, aunque se esté de su lado) y por un proceso ilegítimo y en gran parte anticonstitucional; hoy Honduras vive un ambiente de golpe de Estado, que efectivamente existió, aunque no queda muy claro de qué lado. Lo único seguro es que ahora Honduras está en el ojo del huracán y que lo único realmente deseable es que pronto retorne a la normalidad, a la democracia, y sea el pueblo, en función de su soberanía, quien decida el futuro del país; no Estados Unidos -que seguramente tiene las manos metidas en el proceso- ni Venezuela u otra nación afín a Zelaya. La comunidad internacional debe velar por la paz y el respeto a los derechos humanos; de lo demás, sólo el pueblo hondureño tiene la palabra.
Mácrom
